Ley de Educación Ambiental Integral

El 3 de junio del año 2021 el Gobierno promulgó la ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral con el objeto "de establecer este derecho como una política pública", según publicó el Boletín Oficial El Decreto 356/2021 lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; y su par de Educación, Nicolás Trotta.

Con 58 votos afirmativos y por unanimidad, el Senado argentino convirtió en ley el Proyecto para la Implementación de la Educación Ambiental Integral el 14 de mayo pasado.

La Ley 27621 contempla principios estipulados la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional; y otras leyes vinculadas como la de Régimen de Gestión Ambiental del Agua, Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares; Ley de Manejo del Fuego; y tratados y acuerdos internacionales en la materia, cita el texto.

Argentina tiene una deuda pendiente con la Educación Ambiental (EA). Si bien es cierto que en los últimos años hubo avances en la materia, la realidad es que no son suficientes para enfrentar a la crisis climática y ecológica. Necesitamos que la EA sea una prioridad en la política pública nacional, se formalice y por tanto se garantice en todo el territorio argentino.

La Constitución Nacional, en su artículo 41, reconoce el derecho a la EA, el cual fue reafirmado y ampliado por la Ley General del Ambiente 25 675. Esta ley define a la EA como «el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población»

A partir de estos dos grandes hitos, y en línea con múltiples tratados y conferencias internacionales sobre la materia tanto a nivel nacional como provincial comenzó a generarse un cuerpo normativo que incorpora este derecho y sienta las bases para su efectivo cumplimiento. Asimismo, no puede dejar de mencionarse la Ley Yolanda 27 592, sancionada en noviembre de 2020, que establece la formación integral en ambiente para quienes se desempeñan en la función pública, siendo la primera norma a nivel nacional que tiene como objeto específico la EA. Su implementación en todos los niveles de la administración pública constituye un aporte fundamental para impulsar el desarrollo sostenible en nuestro país.

Te contamos cuales son los principales objetivos de la ley:

• Abordaje interpretativo y holístico

La educación ambiental debe ser pensada desde un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales.

• Respeto y valor de la biodiversidad

Reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas. Su importancia no es solo biológica, sino que también tiene relación estrecha con la calidad de vida que pretendemos los humanos y las comunidades en las que vivimos.

• Principio de equidad

Propender a la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres vivos. Esto parte de considerar las diferencias y diversidades de las personas, promoviendo la igualdad de derecho y trato jurídico, sin discriminación y fomentando la autonomía y la libertad.

• Reconocimiento de la diversidad cultural

Integrar la diversidad cultural en las estrategias democráticas, al tiempo que fomentar el respeto hacia las personas que aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.

• Educación en valores

La educación ambiental debe estar fundada en una ética que permita. a quien facilita el aprendizaje y a quien lo recibe, la construcción de un pensamiento basado en valores tales como respeto, solidaridad, integridad, inclusión, equidad e igualdad.

• Derecho constitucional a un ambiente sano

La educación ambiental debe promover el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de la sociedad a un ambiente sano para su desarrollo.